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El derecho a decidir con apoyos en el entorno digital: un enfoque práctico a través de un proyecto de colaboración entre la Universidad de Zaragoza y la Fundación aragonesa “Luis de Azúa”



Programa: PISOC (Programa de Innovación Social)
Convocatoria: 2025
ID del proyecto: 5602
Centro: Facultad de Derecho
Estudio: Derecho
Unidad de planificación: 264 (Departamento de Derecho Privado )
Coordinador: José Javier Martínez Calvo

Descripción

Este proyecto propone una colaboración entre la Universidad de Zaragoza y la Fundación aragonesa “Luis de Azúa”, entre cuyas funciones se encuentra el apoyo a la toma de decisiones de personas con discapacidad intelectual (https://www.fundacionluisdeazua.org/). Está integrado por Estefanía Modrego Gimeno, Directora de la Fundación “Luis de Azúa”, Alicia Valero Villanueva, Trabajadora Social de la misma entidad y Javier Martínez Calvo, Profesor Titular de Derecho civil en la Universidad de Zaragoza. Su propósito es trasladar a las aulas de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad una visión práctica del sistema de provisión de apoyos a las personas con discapacidad, con especial atención al entorno digital; a la vez que se realizan aportaciones, desde el ámbito jurídico, para la consolidación de un modelo de apoyo que garantice el pleno ejercicio de los derechos digitales por parte de estas personas. Al respecto, ha de tenerse en cuenta que las redes sociales pueden proporcionar importantes beneficios a las personas que padecen una discapacidad intelectual, pero también comportan ciertos riesgos. Ello exige buscar un equilibrio entre la accesibilidad a las redes sociales y la salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad. La nueva configuración de la discapacidad que ha introducido la Ley aragonesa 3/2024, de 13 de junio, de modificación del Código de Derecho Foral de Aragón en materia de capacidad jurídica de las personas (que ha entrado en vigor hace solo unos meses) prevé que la protección de estas personas se lleve a cabo mediante el establecimiento de un sistema de apoyos que se ajusten a sus necesidades específicas; y, en el caso de su actividad en internet, los apoyos habrán de adaptarse también a las peculiaridades que presenta el entorno virtual, de modo que pueda brindarse a las personas con discapacidad intelectual una protección adecuada tanto en la utilización regular de internet como en la emisión del consentimiento para autorizar el tratamiento de sus datos personales o determinadas intromisiones en sus derechos de la personalidad por parte de terceros.